Noticias Febrero 2020

null En Villavicencio, 1.300 hectáreas han sido restituidas a 22 familias víctimas

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En la capital del Meta, hay 249 solicitudes y 27 demandas radicadas ante los jueces de restitución, según el informe entregado por la Unidad de Restitución de Tierras ante la Mesa Municipal para la Participación de las Víctimas, convocada por el Concejo de Villavicencio.

 

Villavicencio, 20 de febrero de 2020 (@URestitucion). Wilson Leyton Roldán, director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, presentó un detallado informe del avance de la aplicación de la Ley 1448 de 2011 en Villavicencio, durante su intervención en el Concejo de Villavicencio, del que participaron concejales, representantes de entidades encargadas de atención a víctimas y comunidad en general. 

 

El funcionario señaló que “Hasta el momento, los jueces y magistrados han emitido 11 sentencias de restitución en favor de reclamantes de Villavicencio. Así mismo, la Unidad ha puesto en marcha dos proyectos productivos de ganadería y porcicultura con una inversión cercana a los $52 millones”.

 

Por otra parte, el Director de la Unidad en Meta destacó que Villavicencio cuenta con el aval de la Fuerza Pública para continuar las labores de intervención en todas las zonas en las que las víctimas del conflicto reclaman predios, que en este caso suman en total 4.086 hectáreas.

 

 Gracias al apoyo de la administración municipal y del Concejo de la ciudad, hoy los beneficiarios de la restitución tienen acceso al Acuerdo 238 de 2014, sobre alivio de pasivos, el cual ha permitido que estas familias no paguen las deudas relacionadas con sus predios abandonados por causa del conflicto”, manifestó Leyton.

 

Finalmente, la URT en Meta, invitó a la alcaldía de Villavicencio y a todos los municipios del departamento a que incorporen en sus Planes de Desarrollo, el componente de atención a víctimas y familias restituidas, permitiendo con ello  que las víctimas tengan acceso a mejoramiento de vías terciarias, servicios públicos domiciliarios;  salud y educación; subsidios de vivienda, alivio de pasivos, y acciones de reparación del daño simbólico y cultural, que constituyen la genuina reparación.